La Ley aprobada en la Cámara de Diputados sobre la suspensión temporal del “aporte” del 12% de los recursos de IDH de cada municipio, Gobernación o Universidad que lo percibe es claramente insuficiente. Coyunturalmente, la Ley permite a estas entidades disponer de un porcentaje extra hasta fin de año, lo que no vendrá para nada mal dada la coyuntura que atraviesa el país y el mundo por el efecto de la pandemia y su impacto sobre el mercado energético, que aunque parezca increíble, ese volátil ingreso sigue siendo el puntal principal de las autonomías de gestión en el país.

La Ley que instauraba el Fondo se aprobó en diciembre de 2015 y fue impulsada por el entonces ministro Luis Alberto Sánchez. Básicamente, y por no repetir el editorial del miércoles, era un pilar elemental en el último giro de la política hidrocarburífera de Evo Morales, donde ya no importaba mucho la Madre Tierra ni la soberanía nacional sobre los recursos naturales, sino que urgía encontrar recursos económicos donde hubiera.

El Fondo pretendía “premiar” a las petroleras que hicieran más rápido su trabajo. Lo curioso es que se llenó con recursos de Gobernaciones, Municipios y Universidades alegando que algún día recuperarían lo aportado. La torpeza en la gestión fue tal que se permitió creer incluso que el retorno sería adicional y no un simple ejercicio de incremento de proyecciones en la liquidación de regalías. La Ley blindaba la confiscación de recursos subnacionales para un fin de competencia exclusiva nacional sin intermediación de sus órganos legislativos, por eso es correcto hablar de confiscación y no de aporte o contribución.

La suspensión temporal de la confiscación hasta el mes de diciembre aprobada por los diputados pasa por ser un remiendo, pero sobre todo, la enésima negación del ser de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que se le pidió resolver un problema y conformar una política de fondo y acabó convirtiendo el pedido en un guiño electoral más.

El Fondo cuenta ya con unos 500 millones de dólares, de los que Tarija ha aportado unos 37. El Fondo, en términos concretos, no ha servido sino para reactivar algunos campos viejos, hacer el pozo más profundo e inútil de Sudamérica en Boyuy, quién sabe qué en Jaguar, lograr el agradecimiento de las transnacionales y poco más.

La Ley planteaba recuperar la mitad de esos fondos para el uso inmediato en la pandemia y dejar la otra mitad para constituir un fondo de estabilización con el que paliar los efectos de los vaivenes de la cotización y que tan mal le van particularmente a Tarija.

Es curioso que mientras los alcaldes del MAS piden más recursos, los diputados del MAS insisten en un proyecto fallido. Es curioso también que los diputados y senadores que lo cuestionaron y que hoy son Gobierno mantengan esta fórmula tan de la política gruesa y pragmática que se lleva ahora.

Quedan flecos en la Ley sobre los que se deberán tomar decisiones. Ojalá, por esta vez, se resuelvan velando por las necesidades de las regiones y no por la avaricia de los de siempre.

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